Gobierno eleva la protección del patrimonio natural a prioridad de seguridad nacional
El decreto incorpora la prevención del terrorismo medioambiental a la coordinación de seguridad, justicia, inteligencia y protección ambiental.
Por Valerio Ventura I Hechos Noticias RD
Santo Domingo. – El Gobierno dominicano declaró de alto interés nacional y prioridad estratégica para la seguridad nacional la prevención, detección, investigación y persecución de acciones deliberadas que provoquen daños graves al patrimonio natural. La medida fue comunicada por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales mediante un decreto que define el terrorismo medioambiental como una amenaza de carácter complejo.
La disposición contempla actos individuales, colectivos u organizados, cometidos por dominicanos o extranjeros, cuando busquen afectar gravemente ecosistemas o infraestructuras ecológicas y generen temor colectivo, daño masivo o presión indebida sobre las autoridades.
Qué recursos se consideran estratégicos
El decreto reconoce como infraestructuras ecológicas estratégicas las áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento, cuencas hidrográficas, acuíferos, reservas de agua subterránea, manglares, humedales, arrecifes coralinos, sistemas de abastecimiento de agua y bosques de protección y producción.
La lista refleja que la protección ambiental está vinculada con la seguridad alimentaria, el agua potable, la economía y la salud. Un daño grave a una cuenca puede afectar agricultura y acueductos. La destrucción de manglares o arrecifes puede aumentar la vulnerabilidad costera y reducir la capacidad de los ecosistemas para sostener pesca y turismo.
Coordinación interinstitucional
La norma instruye al Comité Nacional Antiterrorista y a la Dirección Nacional Antiterrorista a incorporar la identificación, prevención y neutralización de amenazas relacionadas con terrorismo medioambiental. También ordena coordinación entre los ministerios de Defensa, Medio Ambiente y Recursos Naturales y Justicia, además de la Dirección Nacional de Inteligencia.
Las instituciones deberán elaborar una Política Nacional para la Prevención y Combate del Terrorismo Medioambiental. Entre los objetivos figuran identificar organizaciones criminales ambientales, detectar financiamiento ilícito, proteger cuencas, prevenir incendios provocados y resguardar infraestructuras de agua, saneamiento y energía.
La aplicación debe respetar el debido proceso. No toda infracción ambiental es terrorismo medioambiental; la calificación requiere comprobar intención, gravedad, organización y efectos conforme a la ley. La precisión es necesaria para proteger los recursos sin criminalizar actividades comunitarias legítimas.
Actividades bajo vigilancia
El decreto menciona tráfico ilícito de recursos naturales, agricultura ilegal dentro de áreas protegidas, minería ilegal, comercio de especies protegidas, incendios forestales provocados y ocupación ilícita de áreas protegidas.
Medio Ambiente también citó el artículo 265, numeral 5, de la Ley 74-25, Orgánica que instituye el nuevo Código Penal, que establece penas de 20 a 30 años de prisión mayor y multas de 30 a 40 salarios mínimos del sector público para quien provoque voluntariamente un incendio en bosques, reservas, nacimientos de ríos, parques nacionales u otras áreas protegidas.
Tecnología y participación ciudadana
Las autoridades prevén habilitar plataformas tecnológicas y mecanismos confidenciales de denuncia. Medio Ambiente desarrolla una plataforma de fiscalización para registrar, georreferenciar y dar seguimiento a denuncias, con la finalidad de acelerar respuestas y asegurar trazabilidad.
La ciudadanía puede aportar información, pero las denuncias deben manejarse con responsabilidad y sin acusaciones públicas sin verificar. La plataforma deberá proteger a denunciantes, preservar evidencia y comunicar resultados dentro de los límites legales.
La nueva política reconoce que proteger la naturaleza requiere educación y restauración, pero también vigilancia, investigación y sanción. El resultado se medirá por la reducción de daños, la recuperación de ecosistemas y la confianza de las comunidades en las instituciones.
