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TRANSSA exige acciones concretas al Estado dominicano ante vulneraciones de derechos que afectan a personas LGBTI+

La organización presentó los resultados de una encuesta nacional que revela que el 74.6 % de las 537 personas consultadas reportó vulneraciones de sus derechos humanos durante los cuatro años anteriores. Los datos identifican experiencias de discriminación en educación, salud, justicia y empleo.

Por Tirone Dotel I Hechos Noticias RD

SANTO DOMINGO, República Dominicana. La organización TRANSSA (Trans Siempre Amigas) exigió al Estado dominicano la adopción de medidas concretas, verificables y sostenibles para garantizar los derechos humanos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI+), ante los resultados de una encuesta que evidencian la persistencia de situaciones de discriminación y obstáculos para acceder a servicios fundamentales.

La entidad planteó la necesidad de que las instituciones públicas fortalezcan sus mecanismos de atención y protección, de manera que las personas LGBTI+ puedan acceder en condiciones de dignidad, igualdad y sin discriminación a los servicios de salud, justicia, educación, empleo y protección social.

El llamado fue presentado durante el Foro Nacional “Acceso oportuno a servicios básicos de las personas LGBTI+ en la República Dominicana”, un espacio de diálogo que reunió a representantes del Gobierno, organismos de cooperación internacional, entidades multilaterales y organizaciones de la sociedad civil para examinar las dificultades que enfrenta esta población y proponer respuestas institucionales.

Durante el encuentro, TRANSSA dio a conocer los resultados de la Encuesta sobre Derechos Humanos de las Personas LGBTI+ 2025, realizada con una muestra no probabilística de 537 personas. Los hallazgos muestran que una proporción considerable de quienes participaron manifestó haber experimentado vulneraciones de sus derechos humanos durante los cuatro años anteriores.

De acuerdo con los datos presentados, el 74.6 % de las personas encuestadas afirmó haber sufrido vulneraciones de sus derechos humanos durante ese período. La encuesta también identificó experiencias de discriminación en diferentes ámbitos de la vida cotidiana, incluyendo educación, salud, justicia y empleo.

Los resultados colocan nuevamente en discusión la responsabilidad de las instituciones públicas en la prevención de la discriminación, la garantía de servicios accesibles y la creación de mecanismos efectivos para atender las denuncias y proteger a las personas que enfrentan situaciones de exclusión.

Para TRANSSA, el desafío no consiste únicamente en reconocer que existen dificultades, sino en traducir los compromisos institucionales en medidas que puedan ejecutarse, evaluarse y mantenerse en el tiempo.

Encuesta identifica barreras en educación, salud, justicia y empleo

Uno de los principales aportes presentados durante el foro fue la identificación de los ámbitos en los que las personas consultadas manifestaron haber experimentado situaciones de discriminación.

Según los resultados de la Encuesta sobre Derechos Humanos de las Personas LGBTI+ 2025, el 63.6 % reportó experiencias de discriminación en el ámbito educativo; el 54.8 % en los servicios de salud; el 54.5 % en el acceso a la justicia; y el 49.2 % en el ámbito laboral.

Estas cifras reflejan las dificultades que pueden enfrentar las personas LGBTI+ cuando necesitan acceder a servicios esenciales, continuar su formación académica, recibir atención sanitaria, buscar protección ante una situación de vulneración o incorporarse al mercado de trabajo.

La discriminación en estos espacios puede convertirse en una barrera para el ejercicio de otros derechos, especialmente cuando las personas afectadas no cuentan con mecanismos de denuncia accesibles, atención adecuada o garantías de protección.

En el ámbito educativo, las experiencias reportadas plantean la necesidad de examinar las condiciones en las que los estudiantes reciben formación y las medidas disponibles para prevenir situaciones de exclusión, hostigamiento o trato desigual.

En materia de salud, los resultados ponen de relieve la importancia de contar con servicios que garanticen una atención respetuosa, confidencial y libre de prejuicios, en los que las personas puedan recibir orientación y asistencia sin ser objeto de discriminación.

Respecto al acceso a la justicia, las cifras presentadas llaman la atención sobre la importancia de que las instituciones encargadas de recibir denuncias, investigar hechos y ofrecer representación legal dispongan de procedimientos que permitan atender a todas las personas en condiciones de igualdad.

En el ámbito laboral, las experiencias reportadas reflejan la necesidad de fortalecer las garantías contra la discriminación en los procesos de contratación, permanencia y desarrollo profesional.

Aunque los porcentajes corresponden a las respuestas de las 537 personas participantes en una muestra no probabilística, los resultados aportan información sobre las experiencias comunicadas por quienes formaron parte del estudio y sirven como insumo para el debate sobre las políticas públicas dirigidas a garantizar los derechos humanos.

TRANSSA pide pasar del reconocimiento a las acciones institucionales

Durante el foro, Cristian King, directore ejecutive de TRANSSA, destacó que los resultados de la encuesta evidencian la urgencia de que las instituciones públicas adopten respuestas efectivas frente a las situaciones que afectan a las personas LGBTI+.

King señaló que el reconocimiento de las problemáticas debe estar acompañado de medidas concretas para prevenir la discriminación, mejorar la atención y garantizar que ninguna persona sea excluida de los servicios básicos por su orientación sexual, identidad o expresión de género.

“Los resultados de esta encuesta reflejan que muchas personas LGBTI+ continúan enfrentando barreras para ejercer derechos fundamentales. No basta con reconocer estas situaciones; necesitamos que las instituciones públicas adopten medidas concretas para prevenir la discriminación, garantizar una atención digna y asegurar que ninguna persona sea excluida de los servicios básicos por su orientación sexual, identidad o expresión de género”, expresó.

La declaración resume la principal demanda de la organización: que las instituciones competentes asuman responsabilidades y establezcan mecanismos capaces de responder a las situaciones identificadas.

Desde la perspectiva de TRANSSA, las respuestas institucionales deben superar las declaraciones generales de compromiso y traducirse en procedimientos, programas y acciones que puedan ser evaluados.

Esto implica que los organismos públicos relacionados con la salud, la educación, el empleo, la justicia y la protección social incorporen medidas dirigidas a garantizar una atención sin discriminación.

También supone fortalecer la preparación del personal que presta servicios, mejorar los canales de orientación y denuncia y asegurar que las personas puedan acudir a las instituciones sin temor a recibir un trato desigual.

Un foro nacional reunió a instituciones públicas y organizaciones sociales

El Foro Nacional “Acceso oportuno a servicios básicos de las personas LGBTI+ en la República Dominicana” fue concebido como un espacio de diálogo y articulación entre distintos sectores con responsabilidades o experiencia en la defensa de los derechos humanos.

La actividad contó con la participación de Olaya Dotel Caraballo, viceministra de Cooperación Internacional del Ministerio de la Presidencia; Ana Álvarez, responsable de proyectos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID); Manuel Meccariello, coordinador general del Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados (ODHGV); y Cristian King, directore ejecutive de TRANSSA.

El encuentro también reunió a representantes de instituciones públicas dominicanas vinculadas con la prestación de servicios y la protección de derechos.

Entre las entidades representadas estuvieron el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación (MINERD), el Servicio Nacional de Salud (SNS), el Consejo Nacional para el VIH y el SIDA (CONAVIHSIDA), el Poder Judicial, la Oficina Nacional de Defensa Pública y la institución del Defensor del Pueblo.

La participación de estas instituciones permitió colocar en un mismo espacio diferentes perspectivas sobre los obstáculos que pueden presentarse cuando las personas LGBTI+ intentan acceder a servicios esenciales.

Cada organismo tiene responsabilidades específicas dentro de la estructura estatal, por lo que la articulación entre ellos resulta relevante para evitar que las personas afectadas tengan que enfrentar procedimientos fragmentados o respuestas institucionales insuficientes.

La presencia de representantes de distintas áreas también abrió la oportunidad de discutir cómo mejorar la coordinación y establecer compromisos que puedan traducirse en resultados verificables.

Cooperación internacional y sociedad civil participaron en el encuentro

El foro contó además con la participación de representantes de organismos internacionales, entre ellos la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

La participación de estos organismos se produjo dentro de un espacio de intercambio que busca promover la colaboración entre instituciones públicas, organizaciones sociales y entidades que trabajan en el ámbito de los derechos humanos y el desarrollo.

Por parte de la sociedad civil estuvieron presentes organizaciones comunitarias, redes LGBTI+ y entidades defensoras de derechos humanos.

Entre las organizaciones mencionadas se encuentran Amigos Siempre Amigos (ASA), el Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN), la Red Voluntarios Amigos Siempre Amigos (REVASA) y la Comunidad de Lesbianas Inclusivas Dominicanas (COLESDOM), además de otras organizaciones aliadas.

La participación de estos grupos permitió incorporar experiencias y perspectivas de organizaciones que trabajan con comunidades y personas que pueden enfrentar barreras para acceder a servicios y ejercer sus derechos.

Las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel importante en la identificación de necesidades, la orientación comunitaria, la documentación de situaciones de vulneración y la promoción de iniciativas dirigidas a mejorar la respuesta institucional.

Por esa razón, TRANSSA considera que las personas LGBTI+ y sus organizaciones representativas deben participar activamente en la formulación, implementación y evaluación de las medidas que se adopten.

Paneles y mesas de trabajo analizaron los obstáculos para acceder a servicios básicos

Como parte de la metodología del encuentro, las personas participantes desarrollaron paneles temáticos y cuatro mesas de trabajo destinadas a examinar las principales dificultades que enfrenta la población LGBTI+ para acceder a servicios esenciales.

Los espacios de diálogo permitieron abordar las problemáticas desde distintas perspectivas institucionales y comunitarias, así como formular propuestas orientadas a fortalecer las políticas públicas, los mecanismos de protección y la calidad de la atención.

El análisis de los servicios de salud, educación, justicia y empleo resulta especialmente relevante porque estos ámbitos están vinculados con necesidades fundamentales de las personas y con las condiciones necesarias para desarrollar una vida digna.

En el sector salud, la atención oportuna y respetuosa constituye un elemento esencial para garantizar que las personas puedan recibir los servicios que necesitan sin enfrentar prejuicios o tratos discriminatorios.

En educación, la discusión sobre las barreras de acceso y permanencia permite examinar las condiciones necesarias para que los estudiantes puedan desarrollar su formación en ambientes seguros y respetuosos.

En justicia, la atención a las denuncias y la protección de las víctimas requieren procedimientos que garanticen igualdad de trato y acceso efectivo a los mecanismos disponibles.

En el empleo, la prevención de la discriminación resulta importante para que las personas puedan acceder a oportunidades laborales, conservar sus puestos y desarrollarse profesionalmente en condiciones de igualdad.

Las cuatro mesas de trabajo también permitieron formular propuestas dirigidas a mejorar la coordinación entre instituciones y a fortalecer los mecanismos de seguimiento de las recomendaciones.

El objetivo planteado por TRANSSA es que las conclusiones del foro no permanezcan únicamente como reflexiones de los participantes, sino que sirvan de base para impulsar acciones concretas.

TRANSSA demanda un plan de acción interinstitucional

Uno de los principales planteamientos de la organización fue la necesidad de convertir las recomendaciones surgidas del foro en un plan de acción interinstitucional.

La propuesta busca que las instituciones competentes asuman compromisos definidos y que cada medida cuente con mecanismos que permitan comprobar su ejecución.

TRANSSA considera que este plan debe establecer, como mínimo, cinco componentes fundamentales:

  • Medidas prioritarias: identificación de las acciones que deben implementarse para responder a las principales barreras detectadas.
  • Instituciones responsables: asignación clara de responsabilidades a los organismos públicos competentes.
  • Plazos de ejecución: definición de períodos para desarrollar y completar las acciones acordadas.
  • Indicadores de cumplimiento: establecimiento de criterios que permitan evaluar los avances y resultados.
  • Seguimiento y rendición de cuentas: creación de mecanismos públicos para conocer el nivel de ejecución de los compromisos.

La organización entiende que la definición de responsables y plazos es indispensable para evitar que las propuestas queden limitadas a declaraciones de intención.

Asimismo, considera que los indicadores permitirían evaluar si las medidas adoptadas producen mejoras en el acceso a los servicios y en la atención que reciben las personas LGBTI+.

La rendición de cuentas también forma parte de la propuesta, ya que permitiría conocer qué instituciones han avanzado, cuáles enfrentan dificultades y qué acciones necesitan fortalecerse.

Este planteamiento coloca la responsabilidad institucional como uno de los puntos centrales de la discusión, al considerar que la garantía de los derechos requiere acciones coordinadas y mecanismos capaces de medir los resultados.

La participación de las comunidades debe formar parte de las decisiones

TRANSSA también destacó que las personas LGBTI+ y sus organizaciones representativas deben participar activamente en todas las etapas del proceso de formulación e implementación de las medidas.

Para la entidad, la participación comunitaria es necesaria para que las políticas y decisiones institucionales respondan a las experiencias y necesidades reales de las personas afectadas.

La organización considera que las comunidades no deben ser vistas únicamente como destinatarias de los programas públicos, sino como participantes en la identificación de problemas, la elaboración de propuestas y la evaluación de las respuestas.

Esta participación puede contribuir a que las instituciones comprendan mejor las dificultades que se presentan en los servicios y a que las medidas adoptadas tengan mayor conexión con las necesidades de la población.

También permite que las organizaciones sociales aporten conocimientos derivados de su trabajo comunitario y de las experiencias documentadas durante sus actividades.

En ese sentido, TRANSSA plantea que el diálogo entre el Estado y la sociedad civil debe mantenerse más allá de la realización de un foro, mediante espacios de coordinación y seguimiento que permitan revisar los avances y formular nuevas respuestas cuando sea necesario.

TRANSSA preparará un documento con recomendaciones

Como parte de los compromisos de seguimiento, la organización anunció que sistematizará las propuestas y conclusiones del encuentro en un documento de recomendaciones.

Este material servirá como herramienta para continuar el diálogo con las instituciones competentes y promover la adopción de acciones concretas.

La sistematización de los resultados permitirá organizar los planteamientos presentados durante los paneles y las cuatro mesas de trabajo, con el propósito de convertirlos en recomendaciones que puedan ser examinadas por los organismos correspondientes.

El documento también constituirá un recurso para dar continuidad al proceso de articulación iniciado durante el foro.

La elaboración de recomendaciones representa un paso importante dentro de la ruta planteada por TRANSSA, aunque la organización insiste en que el proceso debe avanzar hacia la definición de compromisos institucionales, responsables y plazos.

El desafío será lograr que las propuestas se traduzcan en medidas que puedan implementarse y cuyos resultados puedan ser conocidos por las comunidades y la sociedad.

Un proyecto enfocado en el acceso a servicios básicos

El foro fue organizado por TRANSSA – Trans Siempre Amigas, con la colaboración del Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados (ODHGV), el Observatorio de Derechos Humanos de Personas Trans (ODHPT), el Observatorio Regional Sin Violencia LGBTI+, el Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN), Astraea Lesbian Foundation for Justice y otras organizaciones aliadas.

La iniciativa se desarrolló en el marco del proyecto denominado «Acceso oportuno a servicios básicos de las personas LGBTI+, con énfasis en grupos de mayores condiciones de vulnerabilidades, garantías y exigibilidad en el cumplimiento de los derechos humanos», ejecutado por TRANSSA.

El proyecto busca abordar las dificultades que afectan el acceso a servicios esenciales y promover condiciones para que las personas puedan ejercer sus derechos sin discriminación.

Su enfoque comprende la articulación con instituciones públicas, la participación de organizaciones sociales y la promoción de mecanismos que permitan exigir el cumplimiento de los derechos humanos.

La realización del foro forma parte de ese esfuerzo de diálogo y coordinación, al reunir a actores que pueden contribuir desde sus respectivas áreas de trabajo a identificar problemas y proponer soluciones.

La igualdad debe reflejarse en los servicios y las políticas públicas

Al concluir el encuentro, TRANSSA reiteró que la garantía de los derechos humanos de las personas LGBTI+ no debe limitarse a declaraciones de voluntad.

La organización sostuvo que el reconocimiento de estos derechos debe reflejarse en políticas públicas, servicios accesibles, mecanismos efectivos de protección y acciones institucionales que aseguren la igualdad y la dignidad de todas las personas.

El planteamiento adquiere relevancia ante los resultados de la encuesta presentada, en la que el 74.6 % de las personas consultadas reportó vulneraciones de sus derechos humanos durante los cuatro años anteriores.

Los porcentajes identificados en educación, salud, justicia y empleo muestran que las dificultades señaladas abarcan distintos espacios de la vida cotidiana y requieren respuestas que involucren a varias instituciones.

Para TRANSSA, la coordinación interinstitucional, la participación de las comunidades y la existencia de mecanismos de seguimiento son elementos fundamentales para avanzar hacia una atención libre de discriminación.

La organización también insistió en que las recomendaciones del foro deben convertirse en compromisos verificables, con responsabilidades definidas y mecanismos de rendición de cuentas.

El llamado al Estado dominicano busca que las instituciones competentes asuman un papel activo en la eliminación de las barreras identificadas y garanticen que el acceso a los servicios básicos se produzca en condiciones de respeto, dignidad e igualdad.

Los resultados de la Encuesta sobre Derechos Humanos de las Personas LGBTI+ 2025 y las conclusiones del Foro Nacional quedan así como insumos para continuar el diálogo entre el Estado y la sociedad civil sobre las medidas necesarias para fortalecer la protección de los derechos humanos en la República Dominicana.

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