Deportaciones Masivas de Haitianos Generan Tensiones Diplomáticas

Por: Valerio Ventura

Santo Domingo, 12 de octubre de 2024 - El gobierno de la República Dominicana ha anunciado la implementación de un nuevo plan para deportar semanalmente a unos 10,000 haitianos indocumentados como parte de una estrategia para gestionar el creciente número de migrantes irregulares en el país. Esta medida ha desatado una ola de reacciones tanto a nivel nacional como internacional, intensificando las tensiones entre ambos países.

La ministro de Interior y Policía, Faride Raful, ha subrayado que la decisión responde a la necesidad de controlar la inmigración irregular y garantizar la seguridad nacional, argumentando que el país enfrenta una sobrecarga de servicios públicos debido al flujo migratorio descontrolado. Según las autoridades dominicanas, el objetivo es deportar hasta 500,000 haitianos en el transcurso del año.

No obstante, la reacción desde Haití ha sido contundente. El Consejo Presidencial de Transición de Haití condenó la decisión, calificándola como una violación de los derechos humanos y de las convenciones internacionales. El primer ministro haitiano, Garry Conille, anunció la creación de un comité interministerial para coordinar la respuesta humanitaria y diplomática frente a lo que consideran una "deportación forzada y en masa". Las autoridades haitianas también han destacado las condiciones precarias a las que se enfrentarán los migrantes una vez retornados a su país, que atraviesa una grave crisis política y social.

Por su parte, organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por el impacto de estas deportaciones, señalando que muchos migrantes deportados podrían enfrentarse a situaciones de peligro o violencia al regresar a Haití. Estas acciones han generado un debate en la República Dominicana sobre la necesidad de equilibrar el control migratorio con el respeto a los derechos humanos.

Este complejo panorama subraya las crecientes tensiones en la región y plantea un reto importante para ambas naciones en términos de política migratoria y derechos humanos.