.jpg)
Historia de Beatriz Parera
Pista libre hacia la investidura para Pedro Sánchez tras dejar atrás el procès con una ley de amnistía que, según indica el acuerdo suscrito este jueves entre el PSOE y Junts, incluirá "tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos". El texto agrega una vía para beneficiar a otras personas ajenas a estos hechos e implicadas en distintas causas judiciales, como son el jefe de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluis Allay, o su abogado Gonzalo Boye.
De la redacción del acuerdo se deduce que estas causas judiciales independientes no quedarán incluidas en un primer momento en la norma. Emplazan a hacerlo más adelante en función de las conclusiones de comisiones de investigación que se celebrarán a lo largo de la legislatura. En función del resultado de estas harán modificaciones legislativas y "acciones de responsabilidad" (que no concretan) para ayudar a los colaboradores afectados.
"En este sentido, las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas", dice la redacción textual.
Por lawfare se entiende el impulso "de acciones legales para causar problemas a un oponente" o "acciones judiciales emprendidas como parte de una campaña en contra de un país o grupo". Su simple uso implica aceptar una guerra sucia judicial contra el independentismo.
La medida de gracia para los implicados en el procès abarcará un amplísimo plazo que va desde antes de 2014, donde se enmarcó la consulta del 9N hasta después del referéndum del 1 de octubre de 2017. La norma se impulsa "para procurar la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato" y beneficiará "tanto a los responsables como a los ciudadanos que, "antes y después", han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos.
La decisión se alcanza tras una semana agónica marcada por el bloqueo de las negociaciones entre los socialistas y Junts, en Bruselas. En ese tiempo, los ánimos se han crispado y la sede de Ferraz se ha convertido en el epicentro de una ristra de protestas espontáneas, pero alimentadas por Vox y de las que el PP se ha desmarcado. Los populares mantienen su propia convocatoria este domingo a las 12, con protestas en las capitales de todas las provincias. Desde entonces, con Santos Cerdán a la cabeza, las posturas han vuelto a acercarse y todo se precipitó en la noche de este jueves, cuando ambos partidos se conjuraron para cerrar un acuerdo.
Ha sido precisamente el alcance de la amnistía lo que ha paralizado el acuerdo durante una semana, ya que la entente a nivel político lleva días cerrada. El resto de socios de la investidura, con ERC a la cabeza, se revolvieron hace unos días contra la posibilidad que el perdón general incluya delitos de corrupción. Son los vinculados al llamado caso Voloh y también a la condena por prevaricación a Laura Borràs, dirigente de Junts y expresidenta del Parlament.
Junts, desafiante, festeja que el pacto caiga el 9-N: "Sin renuncias, el conflicto persiste"
Los acontecimientos se precipitaron en la última semana de octubre, cuando el PSOE y Sumar firmaron su pacto de coalición para reeditar el Gobierno. Fue el propio Sánchez el que mandó acelerar las conversaciones con su socio de gobierno para poder avanzar con el resto. El segundo hito se produjo el sábado pasado, 28 de octubre, en el Comité Federal que sirvió para que el líder socialista abrazase la amnistía. El tercero fue la foto de Santos Cerdán en Bruselas con Carles Puigdemont, en la que el número tres homologaba de forma definitiva al president, como rezaba el comunicado remitido por el partido del puño y la rosa.
Entonces comenzó una cascada de acuerdos con los distintos socios que empezó a manar en la noche del 31 de octubre, aunque a trompicones. Horas después de la jura de la Constitución de la princesa Leonor, se hizo público que el propio Sánchez y Pere Aragonès habían conversado esa tarde y habían desenredado los flecos que quedaban al respecto de la ley de amnistía. El acuerdo político se hizo público el jueves e incluye el resto de peticiones que habían avanzado los republicanos: el traspaso de las competencias de Rodalies y acuerdos en materia económica, con la quita del 20% de la deuda como medida estrella, que tendrá un valor de 15.000 millones de euros y 1.300 millones de ahorro en intereses.
.png)
.png)
