Argentina: ¿responsabilidad penal desde los 14 años?
Por: Valerio Ventura | DW – Actualidad Internacional
Buenos Aires, Argentina. – En medio de indicadores oficiales que muestran una reducción histórica de la criminalidad, el debate sobre la rebaja de la edad de imputabilidad penal vuelve a ocupar un lugar central en la agenda política argentina.
El pasado 22 de enero de 2026, el Ministerio de Seguridad de Argentina presentó las cifras preliminares de criminalidad correspondientes a 2025, destacando mínimos históricos en delitos graves, una reducción sostenida en la tasa de homicidios y una marcada caída de los delitos contra la propiedad.
Días después, el 24 de febrero, la Ciudad de Buenos Aires publicó su propio balance, reflejando descensos en homicidios, robos de vehículos y robos con armas, alcanzando los niveles más bajos desde 2017. En ese contexto, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, afirmó que “en la ciudad la ley se cumple y el orden es la regla”.
Sin embargo, pese a este escenario favorable, el Congreso argentino comenzó a analizar una iniciativa impulsada por el Ejecutivo nacional que propone reducir la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años, una medida que ha generado un intenso debate jurídico, social y político.
Cuestionamientos desde el ámbito académico y social
Para la abogada y académica de la Universidad de Buenos Aires, Mary Beloff, la propuesta resulta contradictoria. En declaraciones a Deutsche Welle, señaló que “de acuerdo con las cifras oficiales, se registran los índices más bajos de delitos graves y contra la propiedad de los últimos años. Por ese motivo es extraño insistir con un proyecto que no encuentra respaldo institucional ni académico serio”.
En la misma línea, Macarena Fernández, coordinadora de Política Criminal y Violencia del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), aseguró que “no existe relación directa entre bajar la edad de punibilidad y mejorar la seguridad”. Según explicó, los delitos cometidos por menores en Argentina son estadísticamente bajos y, en los casos más graves, suelen estar asociados a vulnerabilidades sociales, más que a un problema estrictamente penal.
Beloff advirtió, además, que una reforma de este tipo implicaría un alto costo administrativo, afectando recursos destinados a áreas clave como salud, educación y protección social, políticas que —según la experta— resultan más efectivas para prevenir la violencia juvenil.
Derechos humanos y prioridades sociales
Desde el enfoque de derechos humanos, Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, subrayó que el debate no es solo jurídico, sino de prioridades sociales. “Cada peso invertido en ampliar plazas de encierro es un peso que se deja de destinar a escuelas, salud mental, inclusión laboral o políticas alimentarias”, afirmó, advirtiendo que la política penal juvenil no puede sustituir a la política social.
El impulso del Ejecutivo
El proyecto fue presentado en el Parlamento en junio de 2024, pero en semanas recientes el Ejecutivo intensificó sus esfuerzos para acelerar su aprobación. El presidente Javier Milei defendió públicamente la iniciativa al señalar que “en Argentina, el que las hace las paga; delito de adulto, pena de adulto”.
Para la Casa Rosada, la propuesta cobra especial relevancia tras el impacto social generado por el asesinato de Jeremías Monzón, un adolescente de 15 años ocurrido en la provincia de Santa Fe, en un caso donde los principales sospechosos son jóvenes de entre 14 y 16 años.
No obstante, especialistas advierten que la conmoción por hechos aislados y de alta repercusión mediática suele condicionar el debate público, desplazándolo hacia respuestas punitivas, sin abordar las causas estructurales de la violencia juvenil.
¿Castigo o prevención?
Los críticos del proyecto alertan que la privación de libertad en adolescentes tiene efectos negativos comprobados, especialmente en personas en etapa de crecimiento. “No es lo mismo aplicar un castigo a un joven de 14 años que a un adulto”, sostuvo Fernández, quien recordó que el régimen penal juvenil vigente necesita reformas, pero no necesariamente una baja en la edad de imputabilidad.
Las penas previstas en la propuesta podrían alcanzar hasta 15 años de prisión en los casos más graves, lo que abre interrogantes sobre el futuro de jóvenes que pasarían más tiempo privados de libertad que integrados a la sociedad.
Para Amnistía Internacional, el Estado debería priorizar políticas públicas integrales, enfocadas en la prevención, la reducción de desigualdades y la garantía de derechos, dejando el sistema penal juvenil como último recurso.
📌 Fuente: Deutsche Welle (DW) – Actualidad Internacional
